Una noticia recorrió el país y conmocionó de inmediato: Marisela Escobedo Ortiz, activista en contra del feminicidio, fue asesinada en las puertas del palacio de Gobierno de Chihuahua, el 16 de diciembre, después de las 8:00 p.m. Se encontraba haciendo un plantón para exigir justicia por el asesinato de su hija. La imagen grabada por una cámara de seguridad del palacio de Gobierno, mostraba con detalle el fatal suceso: un hombre se acercó a hablarle, ella echó a correr y acto seguido le disparó a quemarropa, uno de los balazos impactó en su cabeza; “no, por favor, no” fueron las últimas palabras de maricela; el perpetrador huyó con toda calma en un auto que lo esperaba.
Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, condenaron el asesinato de la activista y exigieron justicia en sendas manifestaciones en Chihuahua y Ciudad Juárez, para deplorar el crimen de quien buscaba justicia para su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada a los 16 años de edad.
Rubí Frayre despareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con su pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien luego se marchó de la ciudad. Fue necesario que Marisela Escobedo Ortiz se movilizara, que tomara como estandarte de vida la persecución del culpable por el asesinato brutal de su hija. Debido a la presión continua de Marisela y sus propias indagaciones, en junio de 2009, Barraza Bocanegra fue detenido en Fresnillo, Zacatecas y los restos de Rubí se hallaron en un terreno donde se criaban cerdos, luego que el feminicida confesara que la había asesinado y quemado. Sin embargo, el acusado fue exonerado en abril de 2010 y liberado.
Marisela continuó su lucha para que la decisión de los jueces fuera rectificada y logró obtener una sentencia de 50 años de prisión. Pero Sergio ya estaba prófugo,
En julio de 2010, la activista localizó a Sergio Barraza de nuevo en Zacatecas y acompañó un operativo de la policía para detenerlo, lo cual no se logró. Marisela continuó su lucha, pero…
Lydia Cacho, otra mujer que vivió su lucha contra las injusticias y la falta de justicia en México, comenta en su columna titulada Deja ineficacia de tres jueces dos crímenes y un asesino libre, “Marisela Escobedo me dijo que primero moriría que dejar de luchar por esclarecer el asesinato de su hija Rubí Marisol… porque al Estado mexicano hace rato que la vida de las mujeres no le importa”.
“Marisela intuía que podría perder la vida, me lo dijo, sin embargo nunca estuvo dispuesta a darse por vencida. Tres jueces tuvieron la posibilidad de hacer justicia en un feminicidio, su ineficacia dejó ahora dos crímenes y un asesino en plena libertad”. Concluye la periodista en su nota.
Los tres jueces implicados en la liberación de Sergio Rafael Barraza fueron separados recientemente de su cargo; una respuesta tardía, parcial, que sólo pretende acallar los reclamos, para no dañar la ya tan menguada imagen de la justicia de aquel estado.
Durante dos años Marisela recorrió el país, se acompañaba de un cartel con la foto de su hija: pocos hacían caso. Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el gobernador de Chihuahua, y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. Lo único que consiguió fue hacer enojar a las autoridades locales.
Justicia para Nuestras Hijas, el CEDEHM, la Red de Mujeres de Negro y madres de las jóvenes asesinadas (cerca de 300 mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en 2010), y otras tantas organizaciones alzan la voz con un mismo reclamo. Amnistía Internacional, por su parte, condenó el crimen y lamentó “una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Chihuahua; los familiares y las organizaciones de derechos humanos son quienes sufren las represalias al luchar por la justicia y la verdad”.
Y no tardábamos en sorprendernos por la muerte de Marisela, cuando un flash nos conmocionó nuevamente, recordando el CERESO de Zacatecas del año pasado: “151 reos fugados de Nuevo Laredo” así, por la puerta, como si nada. ¿Cuántos custodios, jefes de área, directores, estarían involucrados?
Dice un antiguo refrán mexicano (de dónde si no): “No hay general que resista un cañonazo de cincuenta mil pesos”. En la moderna cartografía de la impunidad y corrupción, este dicho aplica también a jueces, custodios de penales, políticos, maestros con licencia comisionados al cártel, plantadores de mariguana apoyados por procampo, diputados federales desaforados, etc. etc... más lo que se acumule. Y Mientras esa espiral ascendente de ilegalidad y excesos siga aumentando con esas tendencias catastróficas de la justicia en manos equivocadas, gente como Maricela, los policías honrados, los hombres y mujeres de bien, nosotros, nuestros hijos, nos sentiremos cada vez más solos, tratando de luchar contra una vorágine que arrastra los últimos estertores de una sociedad decadente que no supo como recuperar esa tranquilidad que tanto se extraña.
Así se construye ahora el Estado de Derecho, luchando contra corriente. Recibiendo cada día esa conmoción que ya no causa sorpresa. La justicia corrompida nos sacudirá en el futuro con nuevas noticias, mientras algunas respuestas se diluirán en el agua que ha estado haciendo la barca de nuestro sistema nacional de justicia: ¿Agarrarán a los 53 reos fugados de Zacatecas? ¿Al asesino de Marisela y/o de Rubí? ¿A los 151 fugados de Nuevo Laredo? Habrá que esperar que actúen ante las nuevas fugas, nuevos desaparecidos, nuevos asesinatos, la conmoción nuestra de cada día.
Joseangel Rendón Delatorre
Tiempo de Zacatecas
Con información de CIMAC, Lydia Cacho, El Universal, Televisa.
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